Las dificultades en la
implementación práctica y los problemas administrativos con la política de
combate a la contaminación, ha generado que se busque la realización de acuerdos
negociados, como una estrategia para incorporar a los actores políticos en
procesos de negociación para promulgar regulaciones formales. Esto permite de
alguna manera, la superación de los conflictos de intereses que sustentan cada
grupo, ya sean estos de tipo político-institucional, corporativo o
técnico-burocrático, en base al consenso.
Esto se hace patente específicamente, en el
Convenio General de Concertación Ambiental para Mejorar la Calidad del Aire en
el Valle de México. Los actores políticos firmantes de dicho acuerdo son: la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca; de Energía; de Comercio y de Fomento Industrial; de Comunicaciones y
Transportes; de Educación Pública, y de Salud, así como el Departamento del
Distrito Federal; el Gobierno del Estado de México; Petróleos Mexicanos; la
Comisión Federal de Electricidad; el Instituto Mexicano del Petróleo; Luz y
Fuerza del Centro; la UNAM, UAM, IPN, ITESM-Campus Estado de México; la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación; la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz, A.C.; y, la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. .
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